Por: Samuel Vasco
En una operación estratégica y contundente, la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) junto a grupos tácticos de la Policía Nacional, lograron la captura de cinco ciudadanos (tres hombres y dos mujeres) presuntamente responsables de una ola de atentados explosivos y extorsiones que mantenían en zozobra al sector comercial de la ciudad.
Tras semanas de inteligencia, las fuerzas del orden neutralizaron a esta organización criminal cuyo modus operandi consistía en la detonación de artefactos explosivos en establecimientos comerciales. El objetivo de estos ataques terroristas era presionar a los propietarios para el pago de «vacunas» que oscilaban entre los $6,000 y $10,000 dólares.
Las investigaciones policiales determinaron un hallazgo alarmante: las órdenes para ejecutar los atentados provenían directamente desde el Centro de Privación de Libertad de Latacunga. Asimismo, se confirmó que uno de los detenidos posee un historial delictivo vinculado a un caso de asesinato; sin embargo, a pesar de su peligrosidad, había sido puesto en libertad previamente por decisiones judiciales, permitiéndole continuar con su actividad criminal en las calles.
Ante la recurrente liberación de sujetos de alta peligrosidad, el Coronel Edgar Logroño, Jefe de la Policía en Tena, envió un mensaje enérgico y determinante sobre el compromiso de la institución:
«Si los sueltan 100 veces, los volveremos a detener 100 veces. Nuestra misión es proteger a la ciudadanía y no descansaremos, independientemente de las decisiones de otros estamentos».
COMENTARIO: Es digna de reconocimiento la postura del Coronel Edgar Logroño en Tena. Al afirmar que «si los sueltan 100 veces, los volveremos a detener 100 veces», no solo ratifica el compromiso de la Policía Nacional, sino que pone el dedo en la llaga sobre una realidad dolorosa: la falta de sintonía entre las autoridades que capturan y quienes juzgan. Mientras la UNASE arriesga la vida para frenar las extorsiones, el sistema judicial parece tener una «puerta giratoria» para delincuentes de alta peligrosidad. La seguridad ciudadana no puede depender de un esfuerzo aislado; si la justicia no respalda la labor policial, el mensaje que se envía a las mafias es de total impunidad.